El superintendente nacional de servicios públicos, advierte que se estudian alternativas para bajar las tarifas.
Tras el sorpresivo anuncio del presidente Gustavo Petro, sobre asumir el control y el manejo de los servicios públicos, surge no solamente la polémica, sino, que ya se comienza a hablar de la figura de la estatización.
De acuerdo con juristas, la decisión del presidente está justificada y, representa la herramienta que tiene el jefe de Estado, para, en el cumplimiento de sus facultades asumir las funciones delegadas en la norma.
La medida, adoptada por Gustavo Petro y anunciada desde Duitama en Boyacá, persigue poner un «freno de mano» o control a las desbordadas tarifas de energía en el país, especialmente en la región Caribe.
La estatización es en resumen, todo lo contrario a la privatización.
El Superintendente Servicios Públicos, Dagoberto Quiroga, dijo este viernes, que, se está evaluando la decisión, pero, no descartó eliminar el cargo de confiabilidad para impactar positivamente las tarifas.
Según Quiroga, gracias al artículo 211, el jefe de Estado puede volver a asumir o revocar ciertas decisiones y, en este caso, fue el artículo 370 de la Construcción, el que lo delega ante las diferentes comisiones reguladoras para intervenir los servicios públicos.